Necesario prevenir campañas de difamación contra periodistas que mantienen información sobre COVID-19

por | 1 septiembre 2020

En un evento paralelo en Ginebra sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que el periodismo enriquece nuestra comprensión de todo tipo de problemas políticos, económicos y sociales; entrega información crucial y, en el contexto de esta pandemia salva vidas; y ayuda a mantener la gobernanza, en todos los niveles, transparente y responsable.

Señaló que la seguridad de los periodistas y su capacidad para realizar investigaciones y difundir información sin censuras ni amenazas, es un elemento clave para la en el contexto de la pandemia y para la realización de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. 

Destacó que las y los periodistas de todo el mundo se enfrentan a la censura, la vigilancia, la represión, la intimidación y los ataques físicos. A menudo, estos parecen ser perpetrados por el crimen organizado, grupos armados u otros actores privados, incluidas las empresas, pero también pueden ser instigados o tolerados por funcionarios gubernamentales. Las mujeres periodistas a menudo corren un mayor riesgo de ser atacadas, incluso a través de amenazas de violencia sexual y campañas de odio en línea. Y estos crímenes contra periodistas, incluidos los casos de asesinato, a menudo se abordan mediante investigaciones y enjuiciamientos inadecuados.

“Y en los últimos meses, estas tendencias de censura; represión; amenazas y ataques; y la impunidad se ha intensificado en el contexto de la pandemia mundial. En varios países, la creciente politización de la pandemia y los esfuerzos por culpar de sus efectos a los opositores políticos han dado lugar a amenazas, arrestos y campañas de difamación contra periodistas que mantienen información basada en hechos sobre la propagación del COVID-19 y la idoneidad de las medidas para combatirlo”.

Dijo que algunos gobiernos parecen haber aprovechado esta crisis de salud pública como excusa para tomar medidas mucho más amplias e injustificables contra las críticas y el disenso. Estas medidas incluyen el cierre de oficinas de medios, el cierre de sitios web, el cierre de Internet y otras formas de censura, y el arresto arbitrario y la detención de periodistas en centros de detención peligrosos y abarrotados. Estas prácticas restringen de manera desproporcionada el disfrute de la libertad de los medios de comunicación y contravienen el derecho internacional.

“Necesitamos dejar muy claro que estas acciones dañan la salud pública; perjudican los derechos humanos y la democracia, y benefician sólo los intereses estrechos y a corto plazo de unas pocas personas que quieren protegerse de la revisión”.

Las personas no pueden disminuir de manera efectiva el riesgo de infectarse cuando se les niega información precisa, o cuando las acciones o la desinformación del gobierno socavan la confianza en las declaraciones oficiales, reiteró. 

El acceso a información precisa y confiable es un derecho humano y constituye la base de muchos otros derechos fundamentales. Es fundamental para la capacidad de las personas de participar en las decisiones que afectan sus vidas y para mantener la capacidad de respuesta, la responsabilidad y la transparencia del gobierno.

Ningún periodista o trabajador de los medios debe ser criminalizado o acosado por sus reportajes. Cada arresto y cada ataque contra periodistas envía un mensaje a toda la sociedad: la búsqueda de la verdad y el derecho a estar informado, a expresarse y a participar no están protegidos por las autoridades, puntualizó Bachelet.