Un informe de del Instituto de Investigación Interregional sobre Crimen y Justicia de las Naciones Unidas (UNICRI) revela cómo los grupos terroristas, extremistas violentos y del crimen organizado están tratando de aprovechar la pandemia de COVID-19 para expandir sus actividades y poner en peligro la eficacia y credibilidad de las medidas de respuesta de los gobiernos.
De acuerdo con esta investigación, la crisis del COVID-19 ha amplificado la desinformación en las redes sociales y ha creado nuevas oportunidades para los actores no estatales violentos.
En los últimos meses, el UNICRI ha detectado un aumento exponencial del uso malicioso de las redes sociales para minar la confianza en los gobiernos y, al mismo tiempo, reforzar las narrativas extremistas, las estrategias de reclutamiento y el control del territorio por parte de grupos criminales.
«Los grupos terroristas, extremistas violentos y delictivos organizados han explotado con éxito las vulnerabilidades de las redes sociales para manipular a las personas y difundir teorías de conspiración».
En este Informe analizan cómo la tecnología puede proporcionar instrumentos válidos para combatir la desinformación y desinformación en línea, destacando tanto las ventajas como las limitaciones.
«Debe enfatizarse que la tecnología puede apoyar, pero no reemplazar, la capacidad y las habilidades humanas para evaluar la veracidad de la información en línea. Además, el uso efectivo de la tecnología para detectar y desacreditar la desinformación debería empoderar a las personas que utilizan las redes sociales para que puedan tomar sus propias decisiones informadas sobre lo que se verifica y lo que no. Esto, entonces, puede empoderar a las personas para construir una relación más cercana con la verdad y la justicia».
En México los cárteles reparten despensas
El informe destaca que debido a la actual crisis económica creada por COVID-19 grupos criminales estas adquiriendo el control y la propiedad directa o indirecta de empresas legítimas. La crisis financiera y la posible quiebra de varias empresas, comercios y actividades económicas, podrían representar oportunidades para que el crimen organizado penetre e infiltre la economía legal. Ya se han registrado casos en los que grupos delictivos se acercan a emprendedores con dificultades económicas para adquirir su actividad u ofrecerles un préstamo.
Además, algunos grupos criminales han intentado desempeñar el papel de las instituciones gubernamentales y oficiales dentro de los territorios donde tienen una fuerte presencia adoptando estrictas medidas de salud, como encierros, o apoyando directamente a la población con desinfectantes y alimentos.
Sin embargo, el objetivo principal de estos grupos no es proteger a la población local, sino proteger sus intereses criminales, ya que les preocupa que una gran crisis de salud pueda provocar la llegada y la participación de las fuerzas del orden o del ejército en las áreas bajo el control del crimen organizado y, como resultado, poner en peligro sus actividades ilegales. Estos «servicios» han sido ampliamente promocionados a través de las redes sociales.
En México, los grupos delictivos han etiquetado las cajas de ayuda que han distribuido con el nombre o logo de la organización y, posteriormente, promovido sus acciones en las redes sociales y en las noticias. Este es el caso del Cartel del Golfo que distribuyó paquetes de ayuda con alimentos y desinfectantes en Tamaulipas, colocando en cada caja una calcomanía que indica el nombre del cartel y de su líder. Una de las hijas de Joaquín Guzmán Loera (El Chapo), líder histórica del Cartel de Sinaloa, también distribuyó víveres con la imagen de su padre a los ciudadanos de Guadalajara, Jalisco.