COVID-19 incrementa el hambre en el mundo: Banco Mundial

por | 24 agosto 2021

La pandemia ha ocasionado incrementos graves y generalizados de la inseguridad alimentaria mundial; se prevé que los impactos se seguirán observando en lo que resta de 2021, 2022 y años posteriores. En julio, el índice de precios de los productos básicos agrícolas es 30 % más alto que en enero de 2020. Más y más hogares están reduciendo la cantidad y la calidad de su consumo de alimentos.

Washington, D.C., 24 de agosto de 2021 (Banco Mundial) — Cada vez más países se enfrentan a crecientes niveles de inseguridad alimentaria grave, que echan por tierra años de avances de desarrollo. Incluso antes de que la COVID-19 redujera los ingresos e interrumpiera las cadenas de suministro, el hambre crónica y el hambre aguda estaban aumentando por diversos factores, como los conflictos, las condiciones socioeconómicas, los peligros naturales, el cambio climático y las plagas.

La COVID-19 ha ocasionado incrementos graves y generalizados de la inseguridad alimentaria mundial que han afectado a los hogares vulnerables de casi todos los países; se prevé que los impactos se seguirán observando en lo que resta de 2021, en 2022 y, posiblemente, en años posteriores, a medida que la variante delta continúe propagándose. En esta reseña se analizan el aumento de la inseguridad alimentaria durante la pandemia de COVID-19 y las respuestas del Banco Mundial hasta el momento.

Panorama general

El índice de precios de los productos básicos agrícolas se mantuvo cercano al nivel máximo registrado desde 2013, y el 16 de julio de 2021 era aproximadamente un 30 % más alto que en enero de 2020. Los precios del maíz, el trigo y el arroz superaban en alrededor del 43 %, el 12 % y el 10 %, respectivamente, los de enero de 2020. Las alzas reflejan la fuerte demanda, junto con la incertidumbre respecto del clima, las condiciones macroeconómicas y las alteraciones de la oferta relacionadas con la COVID-19, aun cuando las perspectivas de la producción mundial de los cereales más importantes siguen siendo buenas.

Los precios del maíz, el trigo y el arroz superaban entre 43% y 10% los de enero de 2020. Las alzas reflejan la fuerte demanda, la incertidumbre respecto del clima, las condiciones macroeconómicas y las alteraciones de la oferta relacionadas con la COVID-19.

Los principales riesgos para la seguridad alimentaria se plantean a nivel nacional: los mayores precios minoristas, combinados con la disminución de los ingresos, implica que más y más hogares están reduciendo la cantidad y la calidad de su consumo de alimentos.

Numerosos países están experimentando una elevada inflación de precios de los alimentos a nivel minorista, lo que obedece a la persistencia de las alteraciones de la oferta derivadas de las medidas de distanciamiento social impuestas debido a la COVID-19, las devaluaciones monetarias y otros factores. El alza del precio de los alimentos afecta más a la población de los países de ingreso bajo y mediano, que gasta en alimentos un porcentaje mayor de sus ingresos que la de los países de ingreso alto.

Según encuestas telefónicas rápidas realizadas por el Banco Mundial (i) en 48 países, un número considerable de personas se está quedando sin alimentos o está reduciendo su consumo. La disminución de la ingesta de calorías y la nutrición deficiente amenazan los avances obtenidos en materia de salud y reducción de la pobreza, y podrían tener efectos duraderos en el desarrollo cognitivo de los niños pequeños. Entre 720 millones y 811 millones de personas padecieron hambre en el mundo en 2020, de acuerdo con el informe de las Naciones Unidas El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (i). Si se toma en cuenta el valor medio de las proyecciones (768 millones), se desprende que alrededor de 118 millones de personas más que en 2019 sufrían hambre crónica en 2020. Al utilizar otro indicador que refleja el acceso a alimentos suficientes a lo largo del año, se llega a la conclusión de que casi 2370 millones de personas (el 30 % de la población mundial) carecieron de acceso a alimentos suficientes en 2020, lo que representa un aumento de 320 millones en apenas un año.

Se considera que, a causa de la COVID-19, aumentó drásticamente el número de personas que enfrentaron y enfrentarán inseguridad alimentaria aguda en 2020 y 2021. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que, en los países donde actúa, 272 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda o corren riesgo de sufrirla (i). Esta se define como la situación en que la vida o los medios de subsistencia de una persona se hallan en peligro inminente debido a la falta de alimentos.

El 30 % de la población mundial careció de acceso a alimentos suficientes en 2020, lo que representa un aumento de 320 millones en apenas un año.

El hambre presentaba una tendencia al alza incluso antes de la pandemia de COVID-19, que intensificó los efectos de los fenómenos climáticos extremos, los conflictos y otras crisis que ya menoscababan las oportunidades económicas.

Apoyo del Banco Mundial

A nivel de los países, el Grupo Banco Mundial trabaja con los Gobiernos y los asociados internacionales para vigilar de cerca las cadenas nacionales de suministro alimentario y agrícola, analizar de qué forma la pérdida de empleo y de ingresos está afectando la capacidad de las personas para comprar alimentos, y asegurar que los sistemas alimentarios continúen funcionando pese a las dificultades que plantea la COVID-19.

En un documento publicado en diciembre de 2020 con el título de “Responding to the Emerging Food Security Crisis” (Respuesta a la nueva crisis de seguridad alimentaria), se resume la respuesta del Banco en los países más pobres: la AIF proporcionó USD 5300 millones en nuevos compromisos entre abril y septiembre de 2020 para mejorar la seguridad alimentaria. Se combinaron las respuestas de corto plazo ante la COVID-19 y las inversiones dirigidas a encarar los factores de largo plazo que conducen a la inseguridad alimentaria en países como Bangladesh, Bhután, Guatemala, Haití, India, República Kirguisa, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, y Tayikistán.

Prevención

El Banco Mundial ha asumido el compromiso de ayudar a los países a evitar que la próxima zoonosis se convierta en una pandemia y a estar mejor preparados en caso de que los riesgos se concreten.

La experiencia del Banco con la gripe aviar demuestra que las inversiones multisectoriales y coordinadas en salud humana, ambiental y animal (el enfoque “Una Salud” [i]) son una manera eficiente en función de los costos de gestionar riesgos y controlar enfermedades en la fuente. Más del 70 % de las nuevas enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos tienen origen en animales. Estas enfermedades y la transmisión de patógenos de animales a humanos están aumentando en un ambiente que se modifica rápidamente y donde la deforestación, el cambio de uso de la tierra y el veloz crecimiento demográfico intensifican la exposición de los seres humanos a enfermedades de las que los animales son portadores.

Más del 70 % de las nuevas infecciones que afectan a los seres humanos tienen origen en animales. Estas enfermedades están aumentando ante la deforestación, el cambio de uso de la tierra y el veloz crecimiento demográfico.

En el marco del primer paquete de financiamiento del Grupo Banco Mundial relacionado con la COVID-19, los países pueden invertir en prevención a largo plazo, por ejemplo, en el fortalecimiento de los servicios veterinarios, la vigilancia de las enfermedades y la inocuidad de los alimentos. En India, por ejemplo, el Proyecto de Respuesta a la Emergencia de la COVID-19 y Preparación de los Sistemas de Salud permitirá mejorar los sistemas de vigilancia de enfermedades en seres humanos y animales, así como los sistemas de información sobre salud (i) en todo el país. En China, mediante un nuevo proyecto se mejorarán los sistemas de vigilancia del riesgo de zoonosis y de otras nuevas amenazas para la salud (i). Se fortalecerá la capacidad de evaluar los riesgos y de diagnosticar y realizar el seguimiento de enfermedades de los seres humanos, los animales domésticos y la fauna silvestre. También se mejorarán los protocolos de intercambio de información entre los organismos competentes.